La Fundació TIC Salut i Social ha sido nombrada, a través de la Oficina del Delegado de Protección de Datos de Salud, como miembro del nuevo Comité de Ética de la Investigación en Medicina Regenerativa de Cataluña (CERMR).
El acto de constitución del comité tuvo lugar el martes 22 de octubre en el Edificio Salvany del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, con la participación de representantes de instituciones y centros de investigación de todo el territorio. Míriam Méndez fue la representante designada por parte de la fundación en calidad de responsable de investigación e innovación de la Oficina del Delegado de Protección de Datos de Salud.
El CERMR nace con el objetivo de evaluar y emitir informes vinculantes y preceptivos sobre proyectos de investigación relacionados con la medicina regenerativa que se desarrollen en Cataluña. Sustituye las funciones del antiguo comité específico del desaparecido Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB), posteriormente integrado en el IDIBELL.
Entre sus competencias, el comité deberá revisar los proyectos de investigación con células madre embrionarias humanas, líneas celulares pluripotentes y tejidos de origen embrionario o fetal humano, generados o utilizados en centros catalanes. En determinados casos, los proyectos se elevarán a la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos para obtener su informe.
La Oficina del Delegado de Protección de Datos de Salud participa aportando su experiencia en protección de datos. Su conocimiento sobre el ecosistema sanitario y su especialización en el tratamiento y la seguridad de la información en el ámbito de la investigación biomédica resultan claves para garantizar el cumplimiento normativo y el uso ético de los datos.
Míriam Méndez destaca que la incorporación de la Oficina del DPD al comité “refuerza el compromiso del sistema de salud con una investigación responsable, ética y respetuosa con la privacidad de las personas”.
El CERMR se reunirá al menos cada tres meses para valorar los proyectos de investigación presentados y garantizar que cumplan los requisitos legales, científicos y éticos establecidos por la normativa catalana y estatal.
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