El Bolet\u00edn Oficial del Estado ha publicado la nueva Ley 2\/2023 para regular la protecci\u00f3n de personas informantes de graves irregularidades normativas. El texto emana de la Directiva Whistleblowing (UE 2019\/1937) del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019. La norma otorga a las empresas un plazo de tres meses para adaptarse. Sin embargo, el plazo se alargar\u00e1 hasta el 1 de diciembre de 2023 para empresas con menos de 250 trabajadores.<\/p>\n
La finalidad de la ley es proteger contra posibles represalias a las personas que en contextos laborales detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves y las comuniquen a trav\u00e9s de los mecanismos previstos. En ese sentido, la ley protege sobre acciones u omisiones que puedan constituir infracciones del Derecho de la Uni\u00f3n Europea. Cuando afecten a intereses financieros de la Uni\u00f3n o incidan en el mercado interior. La ley tambi\u00e9n contempla las infracciones penales o administrativas que impliquen un perjuicio econ\u00f3mico por la Hacienda P\u00fablica y la Seguridad Social.<\/p>\n
La protecci\u00f3n se extiende a todos aquellos con v\u00ednculos profesionales o laborales con entidades del sector p\u00fablico y privado. Tambi\u00e9n a personas que proporcionan asistencia a los informadores y personas de su entorno que puedan sufrir represalias.<\/p>\n
Se regula el sistema interno de informaci\u00f3n, que abarca tanto el canal para la recepci\u00f3n de la informaci\u00f3n, como el responsable del sistema y el procedimiento. Este canal debe constituirse como la v\u00eda preferente para canalizar la informaci\u00f3n. Sin embargo, el informante puede escoger el canal, interno o externo, seg\u00fan las circunstancias y los riesgos de represalias que considere. Se permite la comunicaci\u00f3n an\u00f3nima y se protege al informante, salvo en los casos en que una norma nacional prevea su revelaci\u00f3n o se solicite en el marco de un proceso judicial.<\/p>\n
Las entidades del sector p\u00fablico obligadas a disponer de un sistema interno de informaci\u00f3n ser\u00e1n las Administraciones p\u00fablicas y sus organismos o entidades dependientes, las autoridades administrativas independientes, las universidades, sociedades y fundaciones del sector p\u00fablico, as\u00ed como las corporaciones de Derecho P\u00fablico, y los \u00f3rganos constitucionales o de relevancia constitucional y contemplados en los estatutos de autonom\u00eda.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se prev\u00e9 un canal externo para informar sobre infracciones y garantizar la independencia y autonom\u00eda en la recepci\u00f3n y tratamiento de la informaci\u00f3n. Su implementaci\u00f3n corresponde a la Autoridad Independiente de Protecci\u00f3n del Informante, que se encarga de la recepci\u00f3n y tratamiento de la informaci\u00f3n. El procedimiento de recepci\u00f3n de las comunicaciones puede ser an\u00f3nimo o con reserva de la identidad del informante, detallando el tr\u00e1mite de admisi\u00f3n y la fase instructora que culmina la Autoridad Independiente de Protecci\u00f3n del Informante con la emisi\u00f3n de un informe. La resoluci\u00f3n adoptada por la Autoridad no puede ser objeto de recurso. La norma tambi\u00e9n contempla los derechos y garant\u00edas del informante y la posible implantaci\u00f3n de canales externos de informaci\u00f3n por parte de las comunidades aut\u00f3nomas.<\/p>\n
La Autoridad Independiente de Protecci\u00f3n del Informante es una autoridad administrativa independiente, que asume diversas funciones en el \u00e1mbito de la ley como la gesti\u00f3n del canal externo de comunicaciones, la adopci\u00f3n de las medidas de protecci\u00f3n al informante previstas en su \u00e1mbito de competencias, la informaci\u00f3n preceptiva de los anteproyectos y proyectos de disposiciones generales que afecten a su \u00e1mbito de competencias ya las funciones que desarrolla, la tramitaci\u00f3n de los procedimientos sancionadores y la imposici\u00f3n de sanciones, y el fomento y la promoci\u00f3n de la cultura de la informaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":19813,"menu_order":0,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false},"etiqueta":[],"tipus":[106],"topic":[121],"class_list":["post-19851","noticia","type-noticia","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","tipus-dpd-salud","topic-dpd-es"],"acf":{"finalitzat":false,"tipus_plantilla":"objectius","template_objectius":{"cont_principal":"","imatge":false,"cont_seguent":{"titol":"","contingut":""},"seccio_llistat":{"titol":"","llistat":false},"objectius":{"titol":"","objectius":false},"documents":false},"autor":"","imatge":false,"textos_destacats":[{"texte":"La norma otorga a las empresas un plazo de tres meses para su adaptaci\u00f3n. Sin embargo, el plazo se alargar\u00e1 hasta el 1 de diciembre de 2023 por empresas con menos de 250 trabajadores."}],"documents":false},"yoast_head":"\n